Entre los objetivo de la estrategia de ONUSIDA para 2015, uno es prevenir todas las nuevas infecciones por el VIH entre usuarios de drogas.

Se calcula que, en todo el mundo, hay unos 3 millones de usuarios de drogas inyectables que viven con el VIH, mientras que 13 millones más corren el riesgo de infectarse. El acceso a los servicios de prevención y a los programas de reducción de daños ha aumentado, pero no hasta los niveles necesarios. La cobertura media de los servicios de prevención del VIH era del 32%.

En todo el mundo se estima que, de media, cada usuario de drogas inyectables dispone de menos de dos agujas estériles al mes, y que por cada ocho personas que siguen la terapia de sustitución de opiáceos, 100 siguen inyectándose drogas. Según las orientaciones de la OMS, UNODC y ONUSIDA, disponer de menos de 100 jeringas por usuario es una cifra baja.
Son pocos los países que cuentan con datos sobre la cobertura del tratamiento del VIH para usuarios de drogas inyectables seropositivos. 14 países ofrecen tratamiento a un 5% o menos de estos usuarios, mientras que en solo nueve países esta cifra supera el 10%.

ONUSIDA pide que se amplíen los programas integrales, contrastados y que respeten los derechos humanos para que todos los usuarios de drogas inyectables puedan acceder a ellos (por ejemplo, ofreciendo medidas de reducción de daños junto a una disminución de la demanda), así como iniciativas para reducir la confección por hepatitis, aumentar el acceso al tratamiento, y garantizar que los marcos jurídicos y políticos sirvan para los esfuerzos de prevención del VIH.

Fuente: http://www.unaids.org/es/strategygoalsby2015/injectingdruguseandhiv/

¿Qué es Reducción de daños?
Fuente: www.intercambios.org.ar

La reducción de daños –en algunos países llamada reducción del riesgo o minimización de los daños- es una estrategia de abordaje de los daños potenciales relacionados con el uso de drogas.

Tiene como primer objetivo disminuir los efectos negativos producto del uso de drogas, y a partir de allí, mejorar la calidad de vida de los usuarios. Las estrategias de reducción de daños se han ocupado no sólo de las prácticas individuales, sino de comprender las condiciones de vulnerabilidad de los sujetos para desarrollar intervenciones apropiadas, y establecer relaciones específicas de cuidado y reciprocidad entre los individuos y los grupos en los contextos de uso de drogas.

Algunos programas desarrollan acciones para involucrar a otros habitantes del territorio en el que intervienen (vecinos, militantes sociales o instituciones públicas como las escuelas o los centros de atención sanitaria) en la transformación de situaciones de padecimiento que los afectan.

Orígenes y tácticas
El origen del concepto de reducción de daños se ubica en Holanda en la década de los ’70 cuando aparecieron alternativas profesionales identificadas con la perspectiva del usuario de drogas, denominadas “modelo de la aceptación”. A finales de los años ´80 empezó a utilizarse en la región de Merseyside (Inglaterra), en respuesta a dos factores principales:

1. El problema de la infección por VIH entre usuarios de drogas inyectables
2. La sospecha creciente de que las estrategias adoptadas hasta el momento no habían mejorado la situación, y en algunos casos, habían tenido el efecto no deseado al aumentar los daños asociados al uso de drogas

Una estrategia de reducción de daños puede involucrar una amplia variedad de tácticas. Puede incluir el cambio de las sanciones legales asociadas al uso de drogas; puede mejorar la accesibilidad de los usuarios de drogas a los servicios de tratamiento; puede generar servicios directos para los usuarios de drogas y sus redes sociales en las comunidades; puede tender a cambios en la conducta de los usuarios de drogas por medio de la educación; puede también dirigirse a modificar la percepción social acerca de las drogas y de los usuarios de drogas.

Cómo reducir los daños
Las estrategias de intervención que se desprenden de la política de reducción de daños se caracterizan por:

• Ampliar el abanico de la oferta de atención, estableciendo objetivos múltiples e intermedios.
• Adaptar las intervenciones a la heterogeneidad de usuarios de drogas y sus trayectorias individuales.
• Establecer una relación profesional-usuario de drogas más igualitaria, flexible y participativa en la toma de decisiones.
• Incorporar medidas que permitan un uso controlado de sustancias. Entre el uso compulsivo y la abstinencia, trabajar con regulaciones en el uso de drogas.
• Recursos más abiertos, amigables y no censuradores.

Estas estrategias dan lugar a varios tipos de acciones, que pueden ser implementadas conjunta o separadamente, de acuerdo a las realidades de cada comunidad. Entre las más habituales, pueden señalarse:

• Acciones orientadas a promover el consumo de menos riesgo, dirigidas a proporcionar educación sanitaria; suelen actuar en los entornos próximos a los lugares de consumo. En el caso de usuarios de drogas inyectables, incluyen los programas de intercambio y/o distribución de jeringas, que se pueden realizar desde diferentes lugares (equipos móviles con agentes de salud en la calle, centros de atención primaria, hospitales, centros específicos, farmacias, etc.) y los centros de inyección segura.
• Acciones orientadas a brindar cuidados mínimos, que ofrecen servicios de ayuda social y sanitaria de base, adaptados a los estilos de vida de los usuarios y facilitan el acceso a la red socio-sanitaria.
• Acciones orientadas a promover el sexo más seguro, que proporcionan educación sobre sexualidad y prevención, y favorecen el acceso a preservativos.
• Acciones orientadas a reemplazar el uso de sustancias adquiridas en el mercado ilegal por sustancias prescriptas. Incluyen los programas de mantenimiento con metadona o los programas de dispensación controlada de heroína.
• Acciones orientadas a promover el trabajo entre pares y la autoorganización de los usuarios de drogas, que propician el protagonismo de los propios usuarios como agentes de prevención y por la defensa de sus derechos ciudadanos.

LA DECLARACION DE VIENA
La penalización de los consumidores de drogas ilícitas está fomentando la epidemia de VIH con consecuencias sociales y de salud, tremendamente negativas. Se necesita una completa reorientación de la política.

En respuesta a los daños sociales y de salud ocasionados por las drogas ilícitas, se desarrolló, con el auspicio de las Naciones Unidas, un gran régimen internacional de prohibición de drogas. Décadas de investigación proporcionan una extensa evaluación de los impactos de la “Guerra contra las drogas” global; y mientras miles de individuos se reúnen en Viena en la XVIII Conferencia Internacional sobre SIDA, la comunidad científica internacional pide un reconocimiento de las limitaciones y perjuicios de la prohibición de drogas, y una reforma de la política de drogas para retirar barreras hacia una efectiva prevención de VIH, tratamiento y cuidados. 

La prueba de que la aplicación de la ley fracasó en evitar la disponibilidad de drogas ilegales, en comunidades donde hay demanda, es ahora inequívoca. Durante las últimas décadas, sistemas de vigilancia de drogas, nacionales e internacionales, han demostrado un modelo general de baja del precio de la droga, y aumento de su pureza –a pesar de masivas inversiones en la aplicación de leyes antidrogas.

Más aún, no hay evidencia que mayor fiereza en la aplicación de la ley reduzca significativamente la prevalencia en el uso de drogas. Los datos también demuestran claramente que está creciendo el número de países donde se inyectan drogas ilegales; siendo las mujeres y los niños cada vez más afectados. Fuera del África Subsahariana, la inyección de drogas representa aproximadamente uno en tres nuevos casos de VIH. En algunas áreas donde el VIH se está extendiendo más rápidamente, tales como Europa Oriental y Asia Central, el predominio de VIH puede llegar hasta un 70% entre personas que se inyectan drogas, y en otras áreas más de 80% de todos los casos de VIH están dentro de este grupo.  

Vista la abrumadora evidencia de que la aplicación de la ley antidrogas no ha logrado alcanzar los objetivos indicados, es importante que se admitan y se encaren sus consecuencias nocivas. Estas consecuencias incluyen, pero no se limitan a: 

• Epidemias de VIH estimuladas por la penalización de quienes usan drogas ilícitas, y por las prohibiciones de proveer agujas esterilizadas y tratamientos con sustitución de opioides.

• Brotes de VIH entre consumidores encarcelados e institucionalizados, como resultado de las políticas y leyes punitivas y la falta de servicios de prevención de VIH en estos ambientes.

• La socavación de los sistemas de salud públicos cuando la aplicación de la ley aleja a los consumidores de los servicios asistenciales y de prevención y los empuja a ambientes donde aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas (por ej. VIH, hepatitis C y B, y tuberculosis) y otros estragos

• Crisis en el sistema penal, por porcentajes de encarcelación sin precedentes, en un número de naciones. Esto ha afectado negativamente el funcionamiento social de comunidades enteras. Aunque la disparidad racial, en porcentajes de encarcelación por delitos de drogas, es evidente en muchos países del mundo, el impacto ha sido particularmente severo en Estados Unidos, donde aproximadamente uno de cada nueve hombres afroamericanos entre 20 y 34 años de edad van a la cárcel un día cualquiera; principalmente por la aplicación de la ley antidrogas.

• Estigmatización de las personas que usan drogas ilícitas, lo que refuerza la popularidad política de penalizar a los consumidores de drogas y socava la prevención de VIH y otros esfuerzos de promoción de salud.
• Severa violación de derechos humanos, incluyendo tortura, trabajo forzado, tratamiento degradante e inhumano y ejecución de delincuentes de drogas en un número de países.

• Un mercado ilícito masivo, con un valor anual estimado en 320.000 millones de dólares estadounidenses. Este lucro sigue completamente fuera del control del gobierno. Fomenta el crimen, la violencia y la corrupción en incontables comunidades urbanas y ha desestabilizado países enteros como Colombia, México y Afganistán.

• Miles de millones de dólares de los contribuyentes malgastados en la estrategia "Guerra contra las Drogas", en un intento de controlar la droga que, no solo no logra los objetivos indicados, sino que directa o indirectamente contribuye a los estragos arriba mencionados.

Lamentablemente, este evidente fracaso de la prohibición de drogas en lograr sus objetivos indicados, así como las severas consecuencias negativas de estas políticas, son frecuentemente rechazadas por aquellos que tienen intereses creados en mantener el status quo. Esto produce confusión entre el público y ha costado incontables vidas. Los gobiernos y las organizaciones internacionales tienen la obligación moral y legal de reaccionar frente a esta crisis, y deben intentar promulgar estrategias alternativas, basadas en evidencias, que reduzcan de manera efectiva los estragos de las drogas sin crear perjuicios propios. Nosotros, los abajo firmantes, apelamos a los gobiernos y organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, para que: 

• Emprendan una revisión transparente de la efectividad de las actuales políticas de drogas.
• Implementen y evalúen un enfoque empírico de salud pública, que encare los estragos individuales y de la comunidad provenientes del uso de drogas ilícitas.
• Despenalicen a los consumidores de drogas, aumenten progresivamente las opciones de tratamientos de dependencia, basados en pruebas, y supriman los centros de tratamientos obligatorios, ineficaces, que violan la Declaración Universal de Derechos Humanos.
• Que categóricamente apoyen y amplíen los fondos para la implementación de un paquete exhaustivo de intervenciones VIH enunciadas en la Guía de Objetivos de OMS, ONUDD y ONUSIDA.
• Involucren, de manera significativa, a la comunidad afectada, en el desarrollo, monitoreo e implementación de servicios y políticas que impactan sus vidas.

También apelamos al Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, para que con urgencia implemente medidas que aseguren que el sistema de las Naciones Unidas –incluyendo la Junta Internacional de Control de Narcóticos- hablen con una sola voz en apoyo de la despenalización de los consumidores de drogas y la implementación de estrategias, basadas en pruebas, para controlar la droga. 

El fundamentar las políticas de drogas en evidencias científicas no eliminará el consumo de drogas o los problemas derivados de la inyección de drogas. Sin embargo, la reorientación de políticas de drogas hacia estrategias basadas en pruebas, que respeten, protejan y cumplan con los derechos humanos, tiene la potencialidad de reducir los estragos de las actuales políticas y permitiría redirigir vastos recursos financieros hacia donde son más necesitados: implementar y evaluar la prevención basada en pruebas, reglamentación y programas de tratamiento y reducción de daños.

ICW GLOBAL ya firmó LA DECLARACIÓN. Si te interesa sumarte puedes hacerlo aquí:

http://org2.democracyinaction.org/o/6452/p/dia/action/public/?action_KEY=3398